Las Prioritarias Plantas a Carbón

La profunda crisis energética que ha venido afectando a la República Dominicana, desde principios de los años 70, radica en la falta de planes y programas oficiales orientados en función de los costos de producción de la energía, en función del crecimiento de la demanda de energía, en función de la distribución de los diferentes segmentos de la población y en función de la errada visión que siempre ha caracterizado al Estado Dominicano.

Y es que en el Estado la rentabilidad de las empresas públicas pocas veces ha sido vista como un factor a considerar, pues para muchos el papel del Estado debe circunscribirse a una función social paternalista, y que todo lo que sea producido y servido por el Estado debe llegar libre de cargos para todo aquel que se considere un ciudadano en ejercicio de sus derechos, criterio que no compartimos, porque creemos que las empresas del Estado deben y pueden ser tan rentables como las empresas privadas, y en muchos casos debían ser mucho más rentables que las privadas fruto de que el Estado tiene facilidades y ventajas comparativas que no las tiene el sector privado.

Desde el año 1978 hemos planteado por escrito que la crisis eléctrica dominicana se debe a los altos costos de producción de la energía, requiriéndose la sustitución de las plantas de gasoil y las plantas de Bunker C por plantas que utilicen combustibles de más bajo costo, como el carbón mineral, siendo esa una necesaria solución que debe ser asumida por toda la nación, ya que las grandes reservas mundiales de carbón aseguran precios más estables para los próximos años, lo que da una diferencia cada vez mayor entre el petróleo y el carbón, pero siempre a favor del carbón.

Nuestra crisis eléctrica no es por falta de capacidad instalada, sino por falta de capacidad gubernamental para frenar un odioso negocio en contra de la población nacional.

De ahí que cualquier análisis económico revela que es más factible el empleo de carbón mineral para la producción de energía en relación al empleo de gasoil y Bunker C, y muestra de ello es que en los Estados Unidos el 52% de la energía eléctrica se produce en base a carbón mineral, sin que existan conflictos entre la Agencia de Protección Ambiental (EPA), las comunidades y los productores de energía, y el consumidor final recibe la energía eléctrica a 10 centavos de dólar el kilovatio/hora.

Sin embargo, en la Rep. Dominicana, conforme a datos de la CDEEE, el precio de venta de la energía por parte de los generadores a las distribuidoras, por tipo de combustible, conforme a lo establecido en el Acuerdo de Madrid, varía entre 12.51 y 21.91 centavos de dólar por kilovatio/hora, mientras el consumidor final paga hasta 28 centavos de dólar por kilovatio/hora.

A principios de los años´80 la entonces Corporación Dominicana de Electricidad comenzó a pensar seriamente en la construcción de plantas térmicas capaces de utilizar carbón mineral de alto poder calorífico para producir energía eléctrica barata, y fue entonces cuando se decidió que Itabo I fuese construida con un sistema de alimentación dual que pudiese recibir carbón mineral o bunker C, a lo que siguió Itabo II construida bajo el mismo esquema operacional, y posteriormente Barahona.

Por eso hemos planteado, en diferentes ocasiones, que la solución a la grave crisis energética es independizarnos parcialmente del petróleo para producir energía, priorizar las plantas que operan con carbón mineral, construir nuevas centrales hidroeléctricas, fomentar el aprovechamiento de la energía eólica y de la energía solar, y dar mayor importancia al uso del gas natural.

En su discurso ante la Asamblea Nacional el 27 de febrero de 2006 el Presidente de la República, Dr. Leonel Fernández dijo lo siguiente: “República Dominicana, al igual que otras naciones del mundo, ha iniciado el diseño de una estrategia para ser menos dependiente de los combustibles fósiles, y más orientada hacia la promoción de fuentes alternas y renovables de energía”, y aunque desde la CDEEE se ha intentado promover la instalación de dos plantas a carbón, de 600 megavatios cada una, pero divididas en unidades de 300 megavatios, lo cierto es que los escollos han sido múltiples, siendo el principal de ellos una carta de crédito revolvente que nunca fue autorizada por la Secretaría de Estado de Hacienda, mientras el segundo escollo ha sido la fuerte oposición por parte del sector privado.

Para validar sus objeciones, el sector privado ha encargado y presentado un informe que plantea implementar un Plan de Ayuda Sectorial (PAS) cuyo objetivo sea aportar fondos privados y del Estado para ser aplicados a la reducción de pérdidas técnicas y no técnicas, reducir los costos de abastecimiento de las empresas distribuidoras, dimensionar las empresas de distribución en forma óptima, imponiéndoles obligaciones sobre calidad del servicio y aplicar la tarifa técnica que cubra costos eficientes de la cadena de producción.

El mismo sector privado ha reiterado que se opone a la instalación de las plantas a carbón porque las mismas serían fuentes de contaminación ambiental, olvidando que la mayor contaminación ambiental en la República Dominicana procede de las industrias del sector privado que carecen de filtros para sus chimeneas y carecen de plantas de tratamiento para sus efluentes líquidos, y los ejemplos están en el río Ozama, en el río Haina, en el río Higuamo, en el río Yaque del Norte y en muchas otras corrientes fluviales que han sido inhabilitadas por la severa contaminación ambiental privada.

Pero la verdadera preocupación del sector privado es que si se instalan 1,200 MW nuevos a carbón, y el Estado llega a comprar esa energía eléctrica a 5 ó 6 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, entonces los productores que venden a 21.97 centavos de dólar por kilovatio/hora quedarían fuera de mercado y por eso boicotean la instalación de las plantas a carbón.

Entre el año 2004 y el año 2008 el sector eléctrico consumió 5 mil millones de dólares en subsidios que fueron a parar a los bolsillos de los generadores y de las ineficientes distribuidoras que cobran un Valor Agregado de Distribución (VAD) de hasta 10 centavos de dólar por cada kilovatio/hora, y eso es un abuso contra el pueblo dominicano, pero ese abuso debe terminar ya, porque con ese dinero “botado” pudimos haber instalado las plantas a carbón y haber resuelto el problema eléctrico.

La meta nuestra debe estar orientada a que en los próximos años el costo promedio de producción de cada kilovatio/hora puesto en línea no supere los ocho centavos de dólar, y eso sólo se logra mediante la combinación de plantas de carbón, plantas de gas natural, plantas hidroeléctricas, plantas eólicas y pequeñas unidades solares, y dentro de ese esquema las plantas a carbón deben ser declaradas como prioritarias por parte del Gobierno Central y por parte del Congreso Nacional.

La población espera una solución al viejo y persistente problema eléctrico, y la solución no está en decir permanentemente que la gente pobre no paga la energía eléctrica que consume, y que esa es la razón del déficit financiero de la CDEEE, porque ese viejo y pobre discurso ya está totalmente gastado; y ahora, cuando una parte del sector privado llega a administrar a la CDEEE, es el momento oportuno para contratar e instalar de inmediato las prioritarias plantas a carbón, de bajo costo de producción, como única solución al viejo problema eléctrico que atormenta a la nación, y si no se hace así, quedará bien claro para todo el país, que el sector privado ha venido a administrar a la CDEEE para beneficio sectorial particular y no para el beneficio nacional.

Por: R. Osiris de León

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