SANTO DOMINGO. La extensión territorial del país, de 48 mil kilómetros cuadrados, desde que se produjo la división de la isla en 1777, al parecer se multiplicó, y a juzgar por la cantidad de tierra registrada en títulos de propiedad, ya va por los 72 mil kilómetros cuadrados.

Por lo menos en papeles, el territorio dominicano creció unos 24 mil kilómetros cuadrados más, gracias a la falta de deslinde, duplicidad de documentos y la poca colaboración entre las demás entidades estatales que intervienen en la planificación urbanística.

Así lo plantea el director Nacional de Catastro, Bolívar Marte, al tiempo que se queja de la duplicidad de funciones que hacen algunas instituciones estatales, en violación de la Ley que rige esa entidad.

"La República Dominicana tiene en títulos 72 mil kilómetros cuadrados, y eso es producto de que aquí, cuando se hace una urbanización, los ayuntamientos o cualquier empresa que realiza un proyecto, no deslindan los terrenos como tiene que hacerse", sustenta.

Explica que cuando se urbaniza una zona y se hacen calles, aceras y áreas verdes, estos espacios deben salir del título original del solar mediante un deslinde, pero que al no hacerse, el inmueble sigue contando en papel con más tierra de la que en verdad posee.

Marte responsabiliza por ello a algunas entidades del Gobierno de las que dijo mantienen una doble funcionalidad, porque "todas quieren hacer su catastro particular". Menciona, sobre todo, a la Secretaría de Estado de Obras Públicas, el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (Indrhi), y la Dirección General de Impuestos Internos, entidades de las que dijo desperdician recursos y dinero, haciendo una función que por ley corresponde a la Dirección de Catastro.

La Ley 617, sobre Catastro Nacional, atribuye a esa dirección la facultad de inventariar, desde el ámbito físico, jurídico y económico todos los inmuebles del país, así como el realizar la tasación de los mismos.

"Si Obras Públicas va a construir una avenida, tiene que venir a buscar el soporte aquí, si se toma un terreno, nosotros somos los facultados para tasarlo. Pero esas instituciones nunca vienen aquí. Obras Públicas nunca viene", se queja Marte.

Dice también que las direcciones de Planeamiento Urbano de los distintos ayuntamientos están en el deber de enviar la cartografía de cada urbanización que se levante en los municipios, pero no lo hacen.

Indica que en los pocos casos en que se solicitan informaciones, la entidad solicitante está en el deber de devolver a Catastro el plano de los trabajos realizados para que se pueda mantener los archivos actualizados, pero que esto tampoco se hace.

"Por eso es el desorden que tenemos, porque si una finca que tiene 20 tareas y por el centro le hacen una avenida, esa propiedad se reduce a 15 ó 10 tareas, y el deber de la entidad que la construyó es devolvernos ese documento indicando la obra realizada con la cantidad de la expropiación".

Insiste en que "por eso es que hay gente con título de 20 tareas y sólo tienen 10 y por ello es que hay más tierra en títulos de la que tenemos nosotros como país".

Menciona también el caso de las altas edificaciones que se están levantando, y que debieran tener un título por piso, y sin embargo, sólo aparece registrado un solo inmueble, correspondiente al solar donde se levanta.

Otro aspecto por el que Marte entiende que se hace necesario transparentar el catastro es por la ventaja de tener la cantidad exacta de terreno que se pueden dedicar a la agropecuaria, a la minería, a turismo y a proyectos de viviendas.

"También se podría saber el área real que está protegida por Medio Ambiente, pero no, porque cada institución tiene sus tierras atrincheradas".

Más autonomía

Entre sus acciones por transparentar la situación, Marte trabaja en la revisión de la Ley 617 de Catastro y que data de 1968. "Estamos revisando la Ley porque choca con nuevas legislaciones inmobiliarias y con decretos, y dado que los únicos que estamos facultados para fijar precios en el país y hacer avalúos y tasaciones, tanto del Estado como del sector privado, somos nosotros, queremos transparentarla para que sea más digerible y le dé más fortaleza y autonomía a la Dirección de Catastro", dice el funcionario.

Los afanes por modernizar el Catastro

Entre sus afanes para tratar de resolver el caos que dice existe en la Dirección de Catastro, Bolívar Marte, aspira poder digitalizar los más de cinco millones de archivos que la entidad guarda engavetados, en unos dos años.

Sus planes incluyen además el levantamiento general de toda la cartografía nacional, así como la revisión de su Ley General para darle más autonomía a la entidad.

"Este archivo es obsoleto y por eso en los primeros 100 días de gestión (desde agosto pasado cuando llegó al cargo) hicimos un concurso para buscar una compañía que se encargue de digitalizarlo", explicó.

En principio, Catastro tiene como meta la digitalización de un millón de expedientes en unos ocho meses, y en la medida que su limitada economía se lo permita, en otros dos años tener en red todos los documentos.

En tres meses que lleva el proceso, que incluye escanear y depurar cada expediente para colocarlo en red, se han logrado actualizar 50 mil documentos, pero Marte advierte que el proceso tomará tiempo debido a que hay papeles de más de 40 años deteriorados y otros que se han perdido debido al mal cuidado.

Catastro también está inmerso en la preparación de un proyecto para hacer el levantamiento general de todo el catastro nacional, a fin de determinar de forma clara y precisa las diferentes zonas turísticas, urbanas, agrícolas y mineras.

La idea, según explica Marte, es tener control de cuantos inmuebles existen en el país, la ubicación exacta y las condiciones de éstos. Hasta ahora empresas de Israel, Brasil, España y de Corea han mostrado interés en hacer el levantamiento cartográfico, el cual podría realizarse entre 18 a 24 meses, según las estimaciones.

El proyecto ya elaborado por Catastro está en manos de la Dirección de Planificación para de ahí pasar por los canales correspondientes del Poder Ejecutivo, para su posterior sometimiento al Congreso Nacional.

De Tania Molina

Fuente: Diario Libre Digital