SANTO DOMINGO. Representantes de varias organizaciones medioambientales y civiles se entrevistaron el pasado sábado con el equipo de expertos del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) a cargo de la evaluación del caso de La Cementera.
El Grupo Jaragua, la Sociedad ornitológica de La Hispaniola, la Sociedad Ecológica del Cibao, el Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas, el Grupo Toy Jarto Pero Creo en Mi país y la Coalición Toy Jarto para la Conquista del Cambio, entre otras personas y organizaciones, destacaron los inconvenientes legales, ecológicos, democráticos y culturales del proyecto.
El arqueólogo Adolfo López entusiasmó a todos los presentes al mostrar una impresionante recopilación fotográfica de las más de mil pictografías, petroglifos y bajorrelieves taínos encontradas en la zona; un patrimonio cultural e histórico hasta ahora casi desconocido que podría llegar a perderse si el Estado Dominicano no toma las medidas de lugar.
Los ambientalistas Jorge Brocca e Ivonne Arias coincidieron en asegurar que la construcción de la cementera comprometería la supervivencia de varios tipos de aves únicas en el mundo que residen en el Parque Nacional de Los Haitises; entre ellas, el Gavilán de la Hispaniola.
En el plano legal, el abogado Reemberto Pichardo Juan presentó documentos que demuestran que la concesión otorgada al Consorcio Minero Dominicano es “inconstitucional y nula de pleno derecho” desde su origen.
Por su parte el jurista Euren Cuevas sostuvo que según la Ley Sectorial de áreas protegidas del año 2004, la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de los Haitises tiene una extensión incluso mayor a la del propio parque, por lo que la concesión minera otorgada al Consorcio Minero Dominicano quedaría, de hecho, establecida ilegalmente en un área protegida.
El economista Manuel Moisés Montás afirmó que el Caso de la cementera entraña también un problema de soberanía ya que constitucionalmente el Estado no puede oponerse a la voluntad manifiesta de los ciudadanos por él representados.
“Los miembros de la Coalición Toy Jarto proponemos que el Gobierno Dominicano proceda en los próximos meses a identificar claramente las áreas protegidas y su respectivas zonas de amortiguamiento en todo el territorio nacional a fin de evitar en lo sucesivo cualesquiera inconvenientes relacionados a su acertada delimitación. En lo adelante, deben condicionarse cualesquiera modificaciones a dichas zonas a la obtención de un referéndum favorable, de tal manera que quede bien claro a nuestros gobernantes que las áreas protegidas en nuestro país son, como los Haitises, innegociables” concluyó Montás.
El Grupo Jaragua, la Sociedad ornitológica de La Hispaniola, la Sociedad Ecológica del Cibao, el Movimiento Campesino de las Comunidades Unidas, el Grupo Toy Jarto Pero Creo en Mi país y la Coalición Toy Jarto para la Conquista del Cambio, entre otras personas y organizaciones, destacaron los inconvenientes legales, ecológicos, democráticos y culturales del proyecto.
El arqueólogo Adolfo López entusiasmó a todos los presentes al mostrar una impresionante recopilación fotográfica de las más de mil pictografías, petroglifos y bajorrelieves taínos encontradas en la zona; un patrimonio cultural e histórico hasta ahora casi desconocido que podría llegar a perderse si el Estado Dominicano no toma las medidas de lugar.
Los ambientalistas Jorge Brocca e Ivonne Arias coincidieron en asegurar que la construcción de la cementera comprometería la supervivencia de varios tipos de aves únicas en el mundo que residen en el Parque Nacional de Los Haitises; entre ellas, el Gavilán de la Hispaniola.
En el plano legal, el abogado Reemberto Pichardo Juan presentó documentos que demuestran que la concesión otorgada al Consorcio Minero Dominicano es “inconstitucional y nula de pleno derecho” desde su origen.
Por su parte el jurista Euren Cuevas sostuvo que según la Ley Sectorial de áreas protegidas del año 2004, la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de los Haitises tiene una extensión incluso mayor a la del propio parque, por lo que la concesión minera otorgada al Consorcio Minero Dominicano quedaría, de hecho, establecida ilegalmente en un área protegida.
El economista Manuel Moisés Montás afirmó que el Caso de la cementera entraña también un problema de soberanía ya que constitucionalmente el Estado no puede oponerse a la voluntad manifiesta de los ciudadanos por él representados.
“Los miembros de la Coalición Toy Jarto proponemos que el Gobierno Dominicano proceda en los próximos meses a identificar claramente las áreas protegidas y su respectivas zonas de amortiguamiento en todo el territorio nacional a fin de evitar en lo sucesivo cualesquiera inconvenientes relacionados a su acertada delimitación. En lo adelante, deben condicionarse cualesquiera modificaciones a dichas zonas a la obtención de un referéndum favorable, de tal manera que quede bien claro a nuestros gobernantes que las áreas protegidas en nuestro país son, como los Haitises, innegociables” concluyó Montás.
