República Dominicana.- El partido de Gobierno dispone mayor respaldo económico para la campaña del próximo año. Correrá dinero como cosa de castigo en la búsqueda desde ya de pre candidaturas y candidaturas con vista a las elecciones congresionales y municipales del 2010. Pero habrá también papeletas sucias y Vincho Castillo calcula que el narco podría lograr 60 puestos congresionales.

A casi siete meses para la celebración de las elecciones congresuales y municipales de 2010, se inicia en el país “la guerra de las papeletas” en la que los aspirantes a síndicos, regidores, senadores y diputados comienzan la campaña para ganar la candidatura a lo interno de sus respectivos partidos políticos, muchos de ellos funcionarios electos o pertenecientes al Gobierno central.

Se prevé la dinamización de la economía en el país, ya que, además de los recursos económicos que comienzan a rodar, fruto del activismo político por parte de los aspirantes, el Gobierno y el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) dispondrá de mucho dinero en dólares y en pesos para ser invertidos en obras de infraestructura y planes sociales, según han anunciado las propias autoridades.

En los últimos días se ha advertido sobre el origen de los fondos a utilizarse en campaña por precandidatos y candidatos a cargos electivos y la inclusión de personas en los partidos políticos vinculados a actividades ilícitas. Marino Vinicio Castillo dijo ayer, en el programa Objetivo 5, que más de 60 legisladores y un número considerable de síndicos y regidores vinculados al narcotráfico podrían salir electos en 2010.

El PLD ya escogió a 4,622 precandidatos, los cuales competirán por candidaturas a cargos congresuales y municipales en las elecciones internas programadas para finales de noviembre. En tanto, el Partido Revolucionario Dominicano reunirá mañana a su Comisión Política para aprobar el reglamento que regirá el proceso previsto para noviembre próximo. El Partido Reformista Social Cristiano negocia alianza con el PLD.

El resto de los partidos minoritarios, unos 19, cuyos presidentes, en su mayoría, dirigen instituciones públicas, también promueven a sus candidatos. Las autoridades electas en las elecciones de 2010 durarán seis años en sus funciones.

El activismo político se siente en los diversos municipios del país, lo que se manifiesta con las actividades de los aspirantes.

No objetan inversión

Al ser consultados por HOY, los delegados políticos ante la Junta Central Electoral del PRD y del PRSC, Virgilio Bello Rosa y Tácito Perdomo, expresaron ayer que no objetan que el Gobierno invierta recursos en planes sociales. Empero, pidieron que no se usen esos fondos con fines electorales.

Las claves

1- Disponibilidad recursos

El Gobierno suscribió una Carta de Intención con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por RD$1,700 millones, de los cuales 990 millones estarían disponibles antes de finalizar este año. Además, la Cámara de Ddiputados aprobó tres préstamos por US$82.3 millones. El presidente Leonel Fernández anunció un plan de construcción de viviendas que arranca a principios de 2010. Se haría con fondos del Bancoldex, de Colombia, que prestará US$80 millones. Otros préstamos con la Corporación Andina de Fomento por US$80 millones y con el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social de Brasil por US$100 millones.

2- Planes sociales

Se invertirán RD$2,000 millones en varias provincias del Sur. Se integrarán 70 mil nuevas familias al programa Solidaridad y se hará un plan nacional de asfaltado cuya inversión asciende a US$300 millones.

Con o sin ley

Eddy Olivares, miembro titular de la Cámara Contenciosa de la Junta Central Electoral, considera que una Ley de Partidos Políticos ni la potestad reglamentaria que le otorga la Constitución a la JCE serán suficientes para establecer controles efectivos al Jefe del Estado para el uso de los recursos públicos. Sostiene que uno de los grandes vacíos de la Constitución aprobada es el no establecer controles en el uso de los fondos del Estado durante las campañas electorales y, por el contrario, le da mayor nivel de discrecionalidad al mandatario en el manejo de la administración pública. Hay quienes están demandando la aprobación de la Ley de Partidos para controlar el uso de los fondos públicos.

Por: ROSA ALCÁNTARA ( r.alcantara@hoy.com.do)

Fuente: Hoy Digital.