Se atribuye al doctor José Francisco Peña Gómez la formula de oro de la gobernabilidad municipal, aceptada en varios períodos por todos los grupos y líderes políticos: el partido que ganaba el síndico, escogía el presidente del ayuntamiento. Los demás, en base a ese acuerdo no escrito –tácito podría decirse- apoyaban al alcalde electo.

Esa fórmula ideada por el líder del PRD para el accionar municipal, dio magníficos resultados durante buen tiempo y produjo los mismos resultados en la época en que el Senado elegía los jueces del tren judicial. A cada senador tocaba recomendar al pleno senatorial los jueces de sus respectivas provincias, lo cual, obviamente, no era norma establecidas por ninguna ley adjetiva ni sustantiva. Esta costumbre predominó entre los partidos y lideres y benefició la convivencia política.

Por eso, estimo que el Partido Revolucionario Dominicano hace mal ahora en echar por el suelo esa línea de conducta en el plano municipal, en el que tiene fuertes raíces. Es decir, abandonar las ideas del doctor Peña Gómez tendentes al respeto de la primacía del partido que gana el municipio (de manera que el síndico triunfante tenga la oportunidad de escoger el bufete municipal de dirección que cada año se elige en los ayuntamientos) no es la actitud más correcta.

En el Congreso Nacional viví una experiencia amarga cuando en el período 90-94 el Partido de la Liberación Dominicana (PLD) obtuvo 12 senadores, el PRD 2 y el PRSC 15. A pesar de las recomendaciones en contra de mi partido, el Reformista Social Cristiano (PRSC), mantuve por propia iniciativa desde la presidencia del Senado (que desempeñé en dos períodos de un año en ese cuatrienio), una actitud favorable al tipo de convenio no escrito que en el orden municipal había prohijado el doctor Peña Gómez. Así, los senadores podían recomendar al pleno quiénes serían los jueces de sus provincias.

Mi actitud de respeto a esa “regla” me granjeó antipatías en ciertas esferas elevadas dentro del PRSC y hasta un “jalón de orejas” del hombre en la cúpula.

El sistema que estimulé mientras fui presidente del Senado permitió, por ejemplo, que el senador Ramón Ventura Camejo, de la provincia Santiago, y los demás senadores del PLD pudieran recomendar sus jueces y le fueran designados por el hemiciclo aún en contra de las aspiraciones de políticos reformistas de Santiago que procuraban colocar algunos abogados en provincias donde el PRSC había perdido.

Por eso llamo la atención en esta oportunidad para que se mantenga el tipo de pacto ideado por Peña Gómez, del que se beneficiaron todos los partidos políticos y que arrojó magníficos resultados a la institucionalidad y gobernabilidad municipal.

Como debe recordarse, a partir del 1994, como parte de la reforma constitucional, las atribuciones del Senado de elegir los jueces de la república fueron pasadas al Consejo Nacional de la Magistratura.

POR: JOSE OSVALDO LEGER