Santo Domingo, D.N.
30 de Julio, 2009
Señor
Juan Mayr Maldonado
Comisión Interdisciplinaria del PNUD
Asunto: Para el caso de la Cementera en Los Haitises de República Dominicana.
SUS MANOS
Distinguido Sr. Mayr Maldonado:
La región cárstica de Los Haitises, con una extensión superficial de 1,617 kilómetros cuadrados, constituye una de las áreas geomorfológicas de domos calizos y sumideros de aguas superficiales, más importantes del mundo, ya que en nuestro planeta sólo hay cuatro regiones de este tipo, las que se encuentran en Vietnam, Yugoslavia, Cuba y República Dominicana, siendo todas respetadas por su extraordinario valor ambiental, especialmente por sus grandes reservas de aguas subterráneas no contaminadas, por lo que el 30 de julio de 1996 toda la extensión cárstica de Los Haitises fue declarada, mediante el Decreto 233-96, como área protegida.
Este decreto protector del área, fue posteriormente incluido de manera transitoria en el artículo 34 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, en interés de que su total protección fuese una obligación de todas las autoridades de toda la Nación y de manera permanente.
Esta importantísima área fue posteriormente reducida, mediante Ley 202-04, del 30 de julio de 2004, a tan solo 600.82 kilómetros cuadrados, es decir, se le sustrajeron 1,016.18 kilómetros cuadrados, equivalentes al 63% de su área total, comenzando simultáneamente a trasladar a los agricultores que cultivaban la tierra en el área señalada y ahora, en el año 2009, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución que conforme al artículo 18 de la Ley Ambiental 64-00 debe velar por la preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y recursos naturales, ha emitido, el 14 de abril de 2009, la Licencia Ambiental 0157-09, para que el “Consorcio Minero Dominicano”, en virtud de una concesión de explotación minera otorgada por el Poder Ejecutivo, contraviniendo la Ley Ambiental, instale una planta productora de Cemento Portland y explote la piedra caliza de los mogotes y los materiales arcillosos en esta frágil región de Los Haitises, en contraposición a un informe técnico elaborado el 17 de marzo de 2009 por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, de esa misma Secretaría de Estado, donde se le comunica al titular que el proyecto de construcción de una cementera en esa zona“no es viable en término ambiental, y en consecuencia se sugiere que sea desestimado, o que en su defecto sea movido a aquellos espacios que se alejen y dejen fuera la estructura de mayor perímetro de los mogotes que caracterizan la región de Los Haitises, así como también del territorio protegido”.
La región de Los Haitises representa el principal complejo geomorfológico cárstico de la República Dominicana, y la principal reserva de aguas subterráneas no contaminadas existentes en nuestro país, tal y como fue demostrado en los estudios del Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas (PLANIACAS), el cual fue ejecutado en el período 1981-1983 por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde el balance hidrometeorológico estableció que la región de Los Haitises recibe una recarga neta anual del orden de los 1,000 millones de metros cúbicos de agua, reserva que ha de ser utilizada para suplir las futuras demandas de agua potable de Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana, Bávaro, El Seybo, Hato Mayor, Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, es decir, que estas aguas son la garantía para la vida de más de 5 millones de personas, la mitad de la población de República Dominicana, en vista de que las aguas subterráneas de las ciudades de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y la Zona Turística Oriental están severamente contaminadas por la proliferación de pozos filtrantes que hacen el papel de improvisados alcantarillados sanitarios que reciben las aguas negras residenciales y hoteleras, y por la sobre explotación acuífera que genera muchas cuñas de intrusión salina.
Conociendo la importancia presente y futura de las aguas subterráneas de la región de Los Haitises, consideramos totalmente improcedente otorgar una licencia ambiental para la instalación de una planta de cemento en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises, tal y como lo ha considerado la “Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”, la que después de escuchar, en fecha 20 de mayo de 2009, las consideraciones favorables expuestas por cuatro Subsecretarios de Medio Ambiente, y las posiciones contrarias expuestas por miembros de la “Academia de Ciencias”, decidió solicitar a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Medio Ambiente, la Revocación de la Licencia Ambiental otorgada para la instalación de esta cementera en la comunidad de Gonzalo.
Quienes hemos desempeñado altas funciones de Estado, firmantes de este documento, hemos recibido esas mismas recomendaciones de los organismos internacionales y de técnicos altamente calificados, por lo que hablamos en base a informaciones de expertos.
No escapa a la inteligencia de los miembros de la comisión del PNUD que usted preside, que una planta de cemento produce grandes emisiones de partículas finas en suspensión, las que generan enfermedades respiratorias a los vecinos del lugar, tal y como ocurrió en nuestro país con la Fábrica Dominicana de Cemento Colón, localizada a orillas del río Isabela, en la ciudad de Santo Domingo, cementera que constituyó la primera fuente de contaminación de los ríos Isabela y Ozama a partir del año 1946, y que contribuyó además, desde ese entonces, a una extraordinaria multiplicación de las industrias localizadas en las márgenes de esos dos caudalosos ríos, sin las consideraciones ambientales correspondientes, las cuales hoy día han contaminado severamente con residuos orgánicos y químicos ambos ríos, al extremo que desde hace décadas se ha hecho imposible utilizar sus aguas para el consumo humano. Lo mismo ocurriría con los ríos aledaños y las aguas subterráneas que circulan en Los Haitises.
De igual modo, una planta de cemento produce grandes emisiones de dióxido de carbono, porque el proceso de calcinación de la piedra caliza, en la fase de clinkerización, se hace a 1,500 grados Celsius y cuando la piedra caliza es calentada por encima de 900 grados Celsius libera el 40% de su peso en forma de dióxido de carbono (CO2), lo que indica que si en este proyecto se procesan 2,000 toneladas diarias de piedra caliza se liberarán 800 toneladas diarias de dióxido de carbono, y nuestro país es signatario del “Protocolo de Kioto” que obliga a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y en este caso estamos incrementando las emisiones de CO2 en los alrededores de una importantísima área protegida que siempre ha sido vista como un santuario ambiental y natural, al extremo que los campesinos cultivadores de vegetales siempre han sido perseguidos y expulsados de la región de los Haitises porque el Gobierno ha establecido que ninguna actividad agrícola, ganadera, urbana, ni industrial debe ser realizada dentro del territorio de ese patrimonio natural, ni en sus alrededores.
Justo el pasado martes, se anunció en el periódico HOY que la Secretaría de Medio Ambiente “pagó la suma de RD$4.0 millones a 123 agricultores desalojados del Parque Nacional Los Haitises tras la creación del área protegida, en 1992” y que “Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de Pilancón, Majagual y El Valle, y con esta partida ascienden a RD$43,375,516.00 las compensaciones monetarias erogadas con cargo a la deuda original de RD$72 Millones, según el avalúo de 1992.”
Y paradójicamente, se pretende la instalación de una cementera que ha sido repudiada por toda la ciudadanía sensata del país, pues la reciente encuesta Gallup, publicada por el periódico Hoy en fecha 22 de julio de 2009, muestra que el 85% de la población dominicana rechaza este proyecto minero e industrial.
De seguro que ya es de vuestro conocimiento que el viernes 19 de junio de 2009 la Juez Presidenta del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, Sarah Henríquez Marín, emitió un fallo histórico donde ordena detener los trabajos de construcción de la cementera hasta tanto se conozca, en un juicio de fondo, la solicitud de revocación de la Licencia Ambiental 0157-09, tal y como ha sido solicitado por el Movimiento de Campesinos de las Comunidades Unidas (MCCU) y por el Espeleogrupo de Santo Domingo, agrupaciones que han presentado ante ese tribunal una instancia que ha sido avalada técnicamente por especialistas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
El Informe Técnico de Revisión del Proyecto Consorcio Minero Dominicano, elaborado por la propia Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoce en su página 7 que durante la fase de operación este proyecto ha de contaminar el suelo con escombros y residuos peligrosos, ha de alterar la calidad del aire por la generación de gases emitidos por las maquinarias y por la operación de la planta de cemento, y ha de disminuir igualmente la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y de las aguas potables, debido a vertidos industriales sin manejo adecuado, del mismo modo que el Acta 003/09, firmada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, establece que “La licencia debe especificar que no deben ser afectados los mogotes”, pero toda la zona concesionada está constituida por mogotes calizos, y con solo tocar uno solo de los mogotes se invalida la licencia ambiental emitida.
A la luz de lo expuesto, los dominicanos nos sentimos horrorizados y profundamente preocupados al ver que nuestras autoridades ambientales se han convertido en promotoras de la contaminación y degradación ambiental de la importantísima región de los Haitises, pues al autorizar la instalación de una operación minera para producir cemento Portland en una fragil región donde las aguas subterráneas se mueven a través de un amplio sistema de cavernas, y a diferentes profundidades, se abren las puertas para que muchas otras industrias contaminantes se instalen en la misma región, sin argumentos ni moral para impedírselo, y terminemos por destruir, con permiso oficial, la principal fuente de aguas subterráneas no contaminadas con que cuenta el país.
Conforme a los artículos 174 y 175 de la Ley Ambiental 64-00, estamos frente a un Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el cual no debe ser pasado por alto, ya que los funcionarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente conocen muy bien la Ley Ambiental 64-00 y sus implicaciones, y aún así han emitido una Licencia Ambiental que pone en peligro los suelos, las aguas y el aire de la frágil región de Los Haitises, y la vida de los ciudadanos, y esta región hasta ahora había sido respetada por los diversos gobiernos y por todas las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.
No está demás recordarle a esa Comisión que la parte occidental de la Isla Hispaniola tiene apenas un 3.81% de cobertura boscosa, y que sus recursos acuíferos están severamente disminuidos, siendo esas algunas de las razones de la permanente inmigración haitiana a nuestro territorio, por lo que le invitamos a pensar un instante sobre lo que podría ser el futuro de esta hermosa Isla, una de las más ricas del Caribe, ya que sin agua tendríamos que lanzarnos al mar, porque, contrario a Colombia o a cualquier otro país de Suramérica, donde los ciudadanos tienen la opción de trasladarse a otras zonas y a otros países, a nosotros solo nos quedarían las aguas del océano Atlántico y del mar Caribe.
Pensemos en el futuro de nuestro país y en el futuro de nuestros descendientes, quienes no nos perdonarían nuestra irresponsabilidad.
Al agradecer la amabilidad de vuestra atención y seguros de que ustedes, en su condición de representantes de la principal organización internacional guardiana permanente de la preservación del planeta, y preocupados por los recursos naturales y el medio ambiente, especialmente por la conservación de la calidad de las aguas que han de saciar la sed de las generaciones que aún no han nacido, han de apoyar nuestros reclamos para que esta licencia ambiental sea revocada y para que esta planta de cemento sea instalada en otro lugar muy distante de cualquier área protegida, pues el acceso al agua potable es un legítimo derecho que tiene cada ser humano.
30 de Julio, 2009
Señor
Juan Mayr Maldonado
Comisión Interdisciplinaria del PNUD
Asunto: Para el caso de la Cementera en Los Haitises de República Dominicana.
SUS MANOS
Distinguido Sr. Mayr Maldonado:
La región cárstica de Los Haitises, con una extensión superficial de 1,617 kilómetros cuadrados, constituye una de las áreas geomorfológicas de domos calizos y sumideros de aguas superficiales, más importantes del mundo, ya que en nuestro planeta sólo hay cuatro regiones de este tipo, las que se encuentran en Vietnam, Yugoslavia, Cuba y República Dominicana, siendo todas respetadas por su extraordinario valor ambiental, especialmente por sus grandes reservas de aguas subterráneas no contaminadas, por lo que el 30 de julio de 1996 toda la extensión cárstica de Los Haitises fue declarada, mediante el Decreto 233-96, como área protegida.
Este decreto protector del área, fue posteriormente incluido de manera transitoria en el artículo 34 de la Ley General de Medio Ambiente y Recursos Naturales, No. 64-00, en interés de que su total protección fuese una obligación de todas las autoridades de toda la Nación y de manera permanente.
Esta importantísima área fue posteriormente reducida, mediante Ley 202-04, del 30 de julio de 2004, a tan solo 600.82 kilómetros cuadrados, es decir, se le sustrajeron 1,016.18 kilómetros cuadrados, equivalentes al 63% de su área total, comenzando simultáneamente a trasladar a los agricultores que cultivaban la tierra en el área señalada y ahora, en el año 2009, la Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, institución que conforme al artículo 18 de la Ley Ambiental 64-00 debe velar por la preservación, protección y uso sostenible del medio ambiente y recursos naturales, ha emitido, el 14 de abril de 2009, la Licencia Ambiental 0157-09, para que el “Consorcio Minero Dominicano”, en virtud de una concesión de explotación minera otorgada por el Poder Ejecutivo, contraviniendo la Ley Ambiental, instale una planta productora de Cemento Portland y explote la piedra caliza de los mogotes y los materiales arcillosos en esta frágil región de Los Haitises, en contraposición a un informe técnico elaborado el 17 de marzo de 2009 por la Dirección de Áreas Protegidas y Biodiversidad, de esa misma Secretaría de Estado, donde se le comunica al titular que el proyecto de construcción de una cementera en esa zona“no es viable en término ambiental, y en consecuencia se sugiere que sea desestimado, o que en su defecto sea movido a aquellos espacios que se alejen y dejen fuera la estructura de mayor perímetro de los mogotes que caracterizan la región de Los Haitises, así como también del territorio protegido”.
La región de Los Haitises representa el principal complejo geomorfológico cárstico de la República Dominicana, y la principal reserva de aguas subterráneas no contaminadas existentes en nuestro país, tal y como fue demostrado en los estudios del Plan Nacional de Investigación, Aprovechamiento y Control de Aguas Subterráneas (PLANIACAS), el cual fue ejecutado en el período 1981-1983 por el Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, con fondos de Banco Interamericano de Desarrollo, BID, donde el balance hidrometeorológico estableció que la región de Los Haitises recibe una recarga neta anual del orden de los 1,000 millones de metros cúbicos de agua, reserva que ha de ser utilizada para suplir las futuras demandas de agua potable de Santo Domingo, Boca Chica, San Pedro de Macorís, La Romana, Punta Cana, Bávaro, El Seybo, Hato Mayor, Monte Plata, Bayaguana, Sabana Grande de Boyá, es decir, que estas aguas son la garantía para la vida de más de 5 millones de personas, la mitad de la población de República Dominicana, en vista de que las aguas subterráneas de las ciudades de Santo Domingo, San Pedro de Macorís, La Romana y la Zona Turística Oriental están severamente contaminadas por la proliferación de pozos filtrantes que hacen el papel de improvisados alcantarillados sanitarios que reciben las aguas negras residenciales y hoteleras, y por la sobre explotación acuífera que genera muchas cuñas de intrusión salina.
Conociendo la importancia presente y futura de las aguas subterráneas de la región de Los Haitises, consideramos totalmente improcedente otorgar una licencia ambiental para la instalación de una planta de cemento en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional de Los Haitises, tal y como lo ha considerado la “Comisión Permanente de Medio Ambiente de la Cámara de Diputados”, la que después de escuchar, en fecha 20 de mayo de 2009, las consideraciones favorables expuestas por cuatro Subsecretarios de Medio Ambiente, y las posiciones contrarias expuestas por miembros de la “Academia de Ciencias”, decidió solicitar a la Presidencia de la República y a la Secretaría de Medio Ambiente, la Revocación de la Licencia Ambiental otorgada para la instalación de esta cementera en la comunidad de Gonzalo.
Quienes hemos desempeñado altas funciones de Estado, firmantes de este documento, hemos recibido esas mismas recomendaciones de los organismos internacionales y de técnicos altamente calificados, por lo que hablamos en base a informaciones de expertos.
No escapa a la inteligencia de los miembros de la comisión del PNUD que usted preside, que una planta de cemento produce grandes emisiones de partículas finas en suspensión, las que generan enfermedades respiratorias a los vecinos del lugar, tal y como ocurrió en nuestro país con la Fábrica Dominicana de Cemento Colón, localizada a orillas del río Isabela, en la ciudad de Santo Domingo, cementera que constituyó la primera fuente de contaminación de los ríos Isabela y Ozama a partir del año 1946, y que contribuyó además, desde ese entonces, a una extraordinaria multiplicación de las industrias localizadas en las márgenes de esos dos caudalosos ríos, sin las consideraciones ambientales correspondientes, las cuales hoy día han contaminado severamente con residuos orgánicos y químicos ambos ríos, al extremo que desde hace décadas se ha hecho imposible utilizar sus aguas para el consumo humano. Lo mismo ocurriría con los ríos aledaños y las aguas subterráneas que circulan en Los Haitises.
De igual modo, una planta de cemento produce grandes emisiones de dióxido de carbono, porque el proceso de calcinación de la piedra caliza, en la fase de clinkerización, se hace a 1,500 grados Celsius y cuando la piedra caliza es calentada por encima de 900 grados Celsius libera el 40% de su peso en forma de dióxido de carbono (CO2), lo que indica que si en este proyecto se procesan 2,000 toneladas diarias de piedra caliza se liberarán 800 toneladas diarias de dióxido de carbono, y nuestro país es signatario del “Protocolo de Kioto” que obliga a reducir las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, y en este caso estamos incrementando las emisiones de CO2 en los alrededores de una importantísima área protegida que siempre ha sido vista como un santuario ambiental y natural, al extremo que los campesinos cultivadores de vegetales siempre han sido perseguidos y expulsados de la región de los Haitises porque el Gobierno ha establecido que ninguna actividad agrícola, ganadera, urbana, ni industrial debe ser realizada dentro del territorio de ese patrimonio natural, ni en sus alrededores.
Justo el pasado martes, se anunció en el periódico HOY que la Secretaría de Medio Ambiente “pagó la suma de RD$4.0 millones a 123 agricultores desalojados del Parque Nacional Los Haitises tras la creación del área protegida, en 1992” y que “Los beneficiarios pertenecen a las comunidades de Pilancón, Majagual y El Valle, y con esta partida ascienden a RD$43,375,516.00 las compensaciones monetarias erogadas con cargo a la deuda original de RD$72 Millones, según el avalúo de 1992.”
Y paradójicamente, se pretende la instalación de una cementera que ha sido repudiada por toda la ciudadanía sensata del país, pues la reciente encuesta Gallup, publicada por el periódico Hoy en fecha 22 de julio de 2009, muestra que el 85% de la población dominicana rechaza este proyecto minero e industrial.
De seguro que ya es de vuestro conocimiento que el viernes 19 de junio de 2009 la Juez Presidenta del Tribunal Contencioso, Tributario y Administrativo, Sarah Henríquez Marín, emitió un fallo histórico donde ordena detener los trabajos de construcción de la cementera hasta tanto se conozca, en un juicio de fondo, la solicitud de revocación de la Licencia Ambiental 0157-09, tal y como ha sido solicitado por el Movimiento de Campesinos de las Comunidades Unidas (MCCU) y por el Espeleogrupo de Santo Domingo, agrupaciones que han presentado ante ese tribunal una instancia que ha sido avalada técnicamente por especialistas de la Academia de Ciencias de la República Dominicana.
El Informe Técnico de Revisión del Proyecto Consorcio Minero Dominicano, elaborado por la propia Secretaría de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales, reconoce en su página 7 que durante la fase de operación este proyecto ha de contaminar el suelo con escombros y residuos peligrosos, ha de alterar la calidad del aire por la generación de gases emitidos por las maquinarias y por la operación de la planta de cemento, y ha de disminuir igualmente la calidad de las aguas superficiales y subterráneas y de las aguas potables, debido a vertidos industriales sin manejo adecuado, del mismo modo que el Acta 003/09, firmada por el Secretario de Estado de Medio Ambiente, establece que “La licencia debe especificar que no deben ser afectados los mogotes”, pero toda la zona concesionada está constituida por mogotes calizos, y con solo tocar uno solo de los mogotes se invalida la licencia ambiental emitida.
A la luz de lo expuesto, los dominicanos nos sentimos horrorizados y profundamente preocupados al ver que nuestras autoridades ambientales se han convertido en promotoras de la contaminación y degradación ambiental de la importantísima región de los Haitises, pues al autorizar la instalación de una operación minera para producir cemento Portland en una fragil región donde las aguas subterráneas se mueven a través de un amplio sistema de cavernas, y a diferentes profundidades, se abren las puertas para que muchas otras industrias contaminantes se instalen en la misma región, sin argumentos ni moral para impedírselo, y terminemos por destruir, con permiso oficial, la principal fuente de aguas subterráneas no contaminadas con que cuenta el país.
Conforme a los artículos 174 y 175 de la Ley Ambiental 64-00, estamos frente a un Delito contra el Medio Ambiente y los Recursos Naturales, el cual no debe ser pasado por alto, ya que los funcionarios de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente conocen muy bien la Ley Ambiental 64-00 y sus implicaciones, y aún así han emitido una Licencia Ambiental que pone en peligro los suelos, las aguas y el aire de la frágil región de Los Haitises, y la vida de los ciudadanos, y esta región hasta ahora había sido respetada por los diversos gobiernos y por todas las autoridades de la Secretaría de Medio Ambiente.
No está demás recordarle a esa Comisión que la parte occidental de la Isla Hispaniola tiene apenas un 3.81% de cobertura boscosa, y que sus recursos acuíferos están severamente disminuidos, siendo esas algunas de las razones de la permanente inmigración haitiana a nuestro territorio, por lo que le invitamos a pensar un instante sobre lo que podría ser el futuro de esta hermosa Isla, una de las más ricas del Caribe, ya que sin agua tendríamos que lanzarnos al mar, porque, contrario a Colombia o a cualquier otro país de Suramérica, donde los ciudadanos tienen la opción de trasladarse a otras zonas y a otros países, a nosotros solo nos quedarían las aguas del océano Atlántico y del mar Caribe.
Pensemos en el futuro de nuestro país y en el futuro de nuestros descendientes, quienes no nos perdonarían nuestra irresponsabilidad.
Al agradecer la amabilidad de vuestra atención y seguros de que ustedes, en su condición de representantes de la principal organización internacional guardiana permanente de la preservación del planeta, y preocupados por los recursos naturales y el medio ambiente, especialmente por la conservación de la calidad de las aguas que han de saciar la sed de las generaciones que aún no han nacido, han de apoyar nuestros reclamos para que esta licencia ambiental sea revocada y para que esta planta de cemento sea instalada en otro lugar muy distante de cualquier área protegida, pues el acceso al agua potable es un legítimo derecho que tiene cada ser humano.
