Republica Dominicana.- La Fundación Justicia y Transparencia (FJT), dio a conocer un balance sobre la Reforma Constitucional, en el que destaca los avances, novedades, retos y escollos de la pieza que normará la sociedad dominicana y que captó la atención del país en los últimos meses. Durante rueda de prensa, el presidente de la entidad cívica, Trajano Vidal Potentini, resaltó la importancia de la Reforma a la Constitución y habló de la necesidad de que la población conozca a fondo la nueva Carta Magna.
Tras dar a conocer el balance, Potentini expresó que está consciente de que la Constitución no es una panacea o la solución a todos nuestros problemas de carácter institucional, pero sin lugar a dudas estamos un presencia de un texto constitucional moderno, el cual supera con creces la anterior constitución, apuntó el presidente de Justicia y Transparencia.
Asimismo anunció la realización de una jornada nacional de difusión y conocimiento de la constitución, capacitación que abarcara los 185 municipios de la Republica Dominicana y que incluirá charlas, seminarios y talleres. Irá acompañada de la entrega de ejemplares del texto de la nueva Constitución. La jornada se iniciará en el municipio Comendador de la provincia Elías Piña, el día 12 de diciembre, continuando por los demás municipios.
En ese sentido, Trajano Potentini, se refirió a los puntos más discutidos durante todo el proceso de reforma: el derecho a la vida y el libre acceso a las playas. “El primero desató un activismo sin precedentes alrededor del aborto entre grupos religiosos y feministas, tema sobre el que opinamos pidiendo que se dejara fuera de la Constitución como forma futura de flexibilizar y armonizar los intereses encontrados; el segundo contempla el choque de dos derechos fundamentales, el de propiedad y el de libre acceso y disfrute del patrimonio público, o bienes de dominio público. Para el porvenir se hace necesario aprobar una ley de playas que delimite de manera clara y precisa el uso y disfrute de las playas y ríos, o dejarle esta tarea al Tribunal Constitucional una vez instalado”.
El balance presentado, durante el encuentro con la prensa en el local de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), destaca los elementos nuevos que trae consigo la Constitución, entre los que se citan los siguientes:
Se amplía el catálogo de Derechos Fundamentales de manera significativa con la integración de nuevas categorías y nuevos derechos de 3era. y 4ta generación, priorizando el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho. (Artículos 37al 67).
Se robustece la capacidad fiscalizadora del Congreso Nacional y se amplían sus facultades de control y de investigación. (Artículos 93 al 95).
Se fortalecen y amplían las herramientas de combate y lucha contra la corrupción, contemplando el nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes bajo responsabilidad personal de probar y demostrar el origen lícito de los bienes jurados. (Artículo 146).
Se les reconoce a las iglesias cristianas la facultad de oficiar matrimonios bajo el amparo y efectos de las leyes civiles. (Artículo 55, numeral 4).
Se prohíbe la reelección presidencial consecutiva. (Artículo 124). Además se establece la rendición de cuentas de los legisladores, cada año, sobre su gestión ante sus comunidades. (Artículo 92).
Se cambia el término de Secretario y Subsecretario de Estado por el de Ministro y Vice-Ministro. Los Síndicos y Vice-Síndicos se llamarán Alcaldes y Vice-Alcaldes, y el de Presupuesto Nacional se denominará Presupuesto General del Estado. (Artículos 134, 201, y 233).
Se establece una estructura más comprensible y didáctica, que incluye en todos sus títulos, capítulos, secciones, artículos y epígrafes. También se destaca y reconoce el lenguaje de género en señal inequívoca de trato igualitario. (Artículo 273).
De conformidad con el nuevo texto constitucional se contempla la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios, para responder solidariamente en daños y perjuicios por sus acciones antijurídicas. (Artículo 148).
Se crean mecanismos de participación popular como el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal en el plano local. En el nivel nacional se prevé el referendo para consultas populares y la iniciativa legislativa popular. (Artículos 203,210 y 97)
Se categorizan y jerarquizan las leyes, atendiendo a su importancia, objeto, materia y finalidad; en leyes de orden público, orgánicas y ordinarias. (Artículos 111,112 y 113).
Se da rango y protección constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia del periodista, además contempla y garantiza el derecho a réplica y de rectificación para los ciudadan@s. (Artículo 49, numerales 3 y 4).
Se establece un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y se le reconoce a la sociedad la facultad de control y fiscalización sobre los fondos públicos. (Artículos 245 y 246).
Se consagra la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, salvo cuando se haga para los futuros funcionarios de las dependencias estatales. (Artículo 140).
La disminución, a cinco, de los miembr@s de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, además de la presentación de las ternas de los miembros de ésta última, a cargo de la Cámara de Diputados. Además se establece una jurisdicción especializada en materia electoral con la creación del Tribunal Superior Electoral. (Artículos 212 párrafo I, 248, 83, numeral 2, 214 y 215).
Se incorporan nuevas categorías de legisladores sujetos a elección popular: cinco (5) diputados nacionales por acumulación de votos, siete (7) diputados de ultramar para representar y canalizar los intereses de la diáspora dominicana, y la elección de los diputados acreditados ante organismo internacionales como el Parlacen. (Artículo 81, numerales 2 y 3 y el artículo 27).
Se prevén con rango constitucional, el Habeas Data, El Amparo, y la Acción en Inconstitucionalidad por la vía directa por parte de los ciudadanos. (Artículos 70,72 y el 185, numeral 1).
Se crean los Consejos, Económico y Social, de Seguridad y Defensa Nacional, y el de Ministros, como órganos consultivos del Poder Ejecutivo, en sus respetivas materias. (Artículo 251, 258 y 137)
Entre los retos, Trajano Vidal Potentini señaló, la elección de los legisladores de ultramar, el garantizar y hacer efectivo el ejercicio del amplio catálogo de derechos y prerrogativas consagradas en el texto sustantivo, la reingeniería legislativa que habrá que hacer en todos los órdenes para armonizar la nueva Constitución con la legislación vigente y poner en marcha, conforme las previsiones constitucionales, las diferentes estructuras judiciales,
políticas y administrativas, creadas. Asimismo la puesta en vigencia de la constitución supondrá la revisión, adecuación y eventual modificación de todas las leyes orgánicas de la República Dominicana. Además de la creación de varias leyes especiales para el funcionamiento de las nuevas estructuras.
Dentro de los posibles escollos tenemos la limitación u obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental que está contenido en el artículo 277 de la nueva constitución que prohíbe la revisión de todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, incluye también las dictadas por la Suprema en virtud de su facultad como corte constitucional, lo cual en este caso en particular sería comprensible, pero fuera de lo constitucional impedirle al Tribunal Constitucional la revisión de esas decisiones judiciales aun con autoridad de cosa juzgada, si hay la violación de un derecho fundamental es competencia del Tribunal Constitucional; poner trabas o impedimentos a esta facultad seria una franca y abierta violación al derecho de defensa.
Otro desafío o más bien obstáculo a la denominada Iniciativa legislativa popular lo constituye el requerimiento del (2%) de los ciudadan@s inscritos en el padrón electoral, un aproximado de ciento catorce mil firmas (114,000.00) para poder someter un proyecto de ley ante las cámaras legislativas, requisito que hace muy difícil el ejercicio de este derecho.
A juicio de la Fundación Justicia y Transparencia, el mayor escollo al ejercicio y crecimiento democrático lo constituye la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales el mismo año y mes. Este cambio se traduce en amplias limitaciones al desarrollo del liderazgo local emergente encarnado en los legisladores que serían indefectiblemente arrastrados por el interés, trascendencia e importancia que suponen las elecciones presidenciales al estar en juego el principal poder del Estado. Además tendríamos para febrero las elecciones de Alcaldes y Regidores y también en mayo los legisladores al Parlacen, con la posibilidad previamente de las primarias de los partidos políticos en el mes de noviembre, si a esto adicionamos una eventual segunda vuelta para el mes de junio, estaríamos entonces en presencia de un concierto eleccionario sin precedentes en la República Dominicana.
DIRECCION DE COMUNICACIONES
FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.
Tras dar a conocer el balance, Potentini expresó que está consciente de que la Constitución no es una panacea o la solución a todos nuestros problemas de carácter institucional, pero sin lugar a dudas estamos un presencia de un texto constitucional moderno, el cual supera con creces la anterior constitución, apuntó el presidente de Justicia y Transparencia.
Asimismo anunció la realización de una jornada nacional de difusión y conocimiento de la constitución, capacitación que abarcara los 185 municipios de la Republica Dominicana y que incluirá charlas, seminarios y talleres. Irá acompañada de la entrega de ejemplares del texto de la nueva Constitución. La jornada se iniciará en el municipio Comendador de la provincia Elías Piña, el día 12 de diciembre, continuando por los demás municipios.
En ese sentido, Trajano Potentini, se refirió a los puntos más discutidos durante todo el proceso de reforma: el derecho a la vida y el libre acceso a las playas. “El primero desató un activismo sin precedentes alrededor del aborto entre grupos religiosos y feministas, tema sobre el que opinamos pidiendo que se dejara fuera de la Constitución como forma futura de flexibilizar y armonizar los intereses encontrados; el segundo contempla el choque de dos derechos fundamentales, el de propiedad y el de libre acceso y disfrute del patrimonio público, o bienes de dominio público. Para el porvenir se hace necesario aprobar una ley de playas que delimite de manera clara y precisa el uso y disfrute de las playas y ríos, o dejarle esta tarea al Tribunal Constitucional una vez instalado”.
El balance presentado, durante el encuentro con la prensa en el local de la Fundación Justicia y Transparencia (FJT), destaca los elementos nuevos que trae consigo la Constitución, entre los que se citan los siguientes:
Se amplía el catálogo de Derechos Fundamentales de manera significativa con la integración de nuevas categorías y nuevos derechos de 3era. y 4ta generación, priorizando el establecimiento de un Estado Social y Democrático de Derecho. (Artículos 37al 67).
Se robustece la capacidad fiscalizadora del Congreso Nacional y se amplían sus facultades de control y de investigación. (Artículos 93 al 95).
Se fortalecen y amplían las herramientas de combate y lucha contra la corrupción, contemplando el nepotismo, la prevaricación, la declaración jurada de bienes bajo responsabilidad personal de probar y demostrar el origen lícito de los bienes jurados. (Artículo 146).
Se les reconoce a las iglesias cristianas la facultad de oficiar matrimonios bajo el amparo y efectos de las leyes civiles. (Artículo 55, numeral 4).
Se prohíbe la reelección presidencial consecutiva. (Artículo 124). Además se establece la rendición de cuentas de los legisladores, cada año, sobre su gestión ante sus comunidades. (Artículo 92).
Se cambia el término de Secretario y Subsecretario de Estado por el de Ministro y Vice-Ministro. Los Síndicos y Vice-Síndicos se llamarán Alcaldes y Vice-Alcaldes, y el de Presupuesto Nacional se denominará Presupuesto General del Estado. (Artículos 134, 201, y 233).
Se establece una estructura más comprensible y didáctica, que incluye en todos sus títulos, capítulos, secciones, artículos y epígrafes. También se destaca y reconoce el lenguaje de género en señal inequívoca de trato igualitario. (Artículo 273).
De conformidad con el nuevo texto constitucional se contempla la responsabilidad civil de las entidades públicas y sus funcionarios, para responder solidariamente en daños y perjuicios por sus acciones antijurídicas. (Artículo 148).
Se crean mecanismos de participación popular como el referendo, el plebiscito y la iniciativa normativa municipal en el plano local. En el nivel nacional se prevé el referendo para consultas populares y la iniciativa legislativa popular. (Artículos 203,210 y 97)
Se categorizan y jerarquizan las leyes, atendiendo a su importancia, objeto, materia y finalidad; en leyes de orden público, orgánicas y ordinarias. (Artículos 111,112 y 113).
Se da rango y protección constitucional al secreto profesional y a la cláusula de conciencia del periodista, además contempla y garantiza el derecho a réplica y de rectificación para los ciudadan@s. (Artículo 49, numerales 3 y 4).
Se establece un sistema único, uniforme, integrado y armonizado de contabilidad y se le reconoce a la sociedad la facultad de control y fiscalización sobre los fondos públicos. (Artículos 245 y 246).
Se consagra la imposibilidad de los funcionarios públicos de incrementarse el salario en provecho propio, salvo cuando se haga para los futuros funcionarios de las dependencias estatales. (Artículo 140).
La disminución, a cinco, de los miembr@s de la Junta Central Electoral y de la Cámara de Cuentas, además de la presentación de las ternas de los miembros de ésta última, a cargo de la Cámara de Diputados. Además se establece una jurisdicción especializada en materia electoral con la creación del Tribunal Superior Electoral. (Artículos 212 párrafo I, 248, 83, numeral 2, 214 y 215).
Se incorporan nuevas categorías de legisladores sujetos a elección popular: cinco (5) diputados nacionales por acumulación de votos, siete (7) diputados de ultramar para representar y canalizar los intereses de la diáspora dominicana, y la elección de los diputados acreditados ante organismo internacionales como el Parlacen. (Artículo 81, numerales 2 y 3 y el artículo 27).
Se prevén con rango constitucional, el Habeas Data, El Amparo, y la Acción en Inconstitucionalidad por la vía directa por parte de los ciudadanos. (Artículos 70,72 y el 185, numeral 1).
Se crean los Consejos, Económico y Social, de Seguridad y Defensa Nacional, y el de Ministros, como órganos consultivos del Poder Ejecutivo, en sus respetivas materias. (Artículo 251, 258 y 137)
Entre los retos, Trajano Vidal Potentini señaló, la elección de los legisladores de ultramar, el garantizar y hacer efectivo el ejercicio del amplio catálogo de derechos y prerrogativas consagradas en el texto sustantivo, la reingeniería legislativa que habrá que hacer en todos los órdenes para armonizar la nueva Constitución con la legislación vigente y poner en marcha, conforme las previsiones constitucionales, las diferentes estructuras judiciales,
políticas y administrativas, creadas. Asimismo la puesta en vigencia de la constitución supondrá la revisión, adecuación y eventual modificación de todas las leyes orgánicas de la República Dominicana. Además de la creación de varias leyes especiales para el funcionamiento de las nuevas estructuras.
Dentro de los posibles escollos tenemos la limitación u obstáculo al ejercicio de un derecho fundamental que está contenido en el artículo 277 de la nueva constitución que prohíbe la revisión de todas las decisiones judiciales que hayan adquirido la autoridad de la cosa irrevocablemente juzgada, incluye también las dictadas por la Suprema en virtud de su facultad como corte constitucional, lo cual en este caso en particular sería comprensible, pero fuera de lo constitucional impedirle al Tribunal Constitucional la revisión de esas decisiones judiciales aun con autoridad de cosa juzgada, si hay la violación de un derecho fundamental es competencia del Tribunal Constitucional; poner trabas o impedimentos a esta facultad seria una franca y abierta violación al derecho de defensa.
Otro desafío o más bien obstáculo a la denominada Iniciativa legislativa popular lo constituye el requerimiento del (2%) de los ciudadan@s inscritos en el padrón electoral, un aproximado de ciento catorce mil firmas (114,000.00) para poder someter un proyecto de ley ante las cámaras legislativas, requisito que hace muy difícil el ejercicio de este derecho.
A juicio de la Fundación Justicia y Transparencia, el mayor escollo al ejercicio y crecimiento democrático lo constituye la unificación de las elecciones presidenciales y congresuales el mismo año y mes. Este cambio se traduce en amplias limitaciones al desarrollo del liderazgo local emergente encarnado en los legisladores que serían indefectiblemente arrastrados por el interés, trascendencia e importancia que suponen las elecciones presidenciales al estar en juego el principal poder del Estado. Además tendríamos para febrero las elecciones de Alcaldes y Regidores y también en mayo los legisladores al Parlacen, con la posibilidad previamente de las primarias de los partidos políticos en el mes de noviembre, si a esto adicionamos una eventual segunda vuelta para el mes de junio, estaríamos entonces en presencia de un concierto eleccionario sin precedentes en la República Dominicana.
DIRECCION DE COMUNICACIONES
FUNDACION JUSTICIA Y TRANSPARENCIA.
