Santo Domingo.- El pacto político firmado entre el presidente Leonel Fernández y Miguel Vargas el 14 de mayo del año pasado permitió acelerar la aprobación de la nueva Constitución que se proclamará este martes y garantizar una distensión en las relaciones entre el gobierno del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) y el opositor Partido Revolucionario Dominicano (PRD).

Hasta ese momento, después de casi dos meses de haberse iniciado los trabajos para la reforma constitucional en la Asamblea Nacional Revisora, no llegaba a la tercera parte de los 254 artículos del proyecto enviado por el Poder Ejecutivo, ya que era evidente, entonces, el boicot que propiciaban fuerzas internas del propio PLD y la reticencia de los legisladores de la oposición.

El histórico acuerdo Leonel- Vargas no solo repercutió en los sectores político y de la sociedad civil del país, sino en el Congreso Nacional, por los controversiales temas que involucraba y porque garantizaba a su vez la cantidad de votos necesarios para que éstos fueran aprobados en la Asamblea Revisora integrada por 210 asambleístas.

Vargas se convirtió de inmediato en la principal figura de la oposición, hasta el extremo de que recibió no sólo el respaldo de la mayoría del PRD, que hasta ese momento enarbolaba una reforma constitucional mediante Asamblea Constituyente, sino que agravó el malestar en las filas del Partido Reformista Social Cristiano (PRSC), cuyo secretario general de entonces, Víctor Gómez Casanova, y cinco legisladores de esa organización, se sumaron a su proyecto político, mientras dirigentes reformistas lo tilda ban como el principal enemigo de su organización.

Liderazgo de Leonel
Leonel Fernández consolidó su liderazgo nacional y a lo interno del PLD. Además, consciente del impacto negativo que creó el pacto con Vargas en las diezmadas estructuras de su virtual aliado, también firmó otro acuerdo político con la dirigencia del PRSC el 3 de junio, para evitar un enfriamiento en las relaciones y de paso sumar también esos votos para la reforma constitucional.

Para la aprobación de esas modificaciones en la Constitución era necesario contar con las dos terceras partes de la matrícula de la Asamblea Revisora, que era de 210 miembros. El PLD tenía 120 delegados y el PRD 68, por lo que juntos superaban la cantidad mínima requerida de asambleístas. Pero Fernández también maniobró para asegurar los 22 votos del partido fundado por el extinto líder Joaquín Balaguer.

Aunque en principio este último pacto tenía alcances limitados a los aspectos de viabilizar la reforma constitucional y no aterrizaba en nada concreto, envió a la población un mensaje de que podría proyectarse para concertar un pacto electoral en las elecciones congresionales y municipales a efectuarse en mayo de este año.

Y más aún, que el candidato presidencial que surja del PLD no podría ser un manifiesto contrario del mandatario, para garantizar la permanencia de esta alianza, donde se apuntala como principal aglutinador reformista al canciller Carlos Morales Troncoso.

Alcances del pacto
El pacto Fernández-Vargas fue suscrito a las 11:25 de la mañana del 14 de mayo, durante una ceremonia en el hotel Jaragua, en la que el máximo dirigente perredeísta, quien todavía no era presidente de la organización, aclaró que actuaba en su condición de candidato presidencial en las elecciones del 16 de mayo de 2008.

En el documento se aprobó establecer la prohibición de la reelección presidencial consecutiva, permitiendo a los ex presidentes aspirar luego de transcurrido un período, así como la extensión a seis años del período legislativo y municipal (2010-2016), con el propósito de unificar las elecciones en un mismo año.

Otros puntos constitucionales importantes fueron la modificación del método para elegir el Consejo Nacional de la Magistratura, que selecciona los jueces de la Suprema Corte de Justicia, y consagrar un nuevo ordenamiento para la nacionalidad, sobre la base de una combinación del jus sanguinis (filiación) y el jus soli (territorio).

También la elección de legisladores en representación de los dominicanos residentes en el exterior, elegir diputados nacionales por acumulación de votos, escogidos en proporción al número de votos obtenidos por cada partido, y la modernización, profesionalización e institucionalización de las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional.

En su declaración conjunta para motivar el acuerdo, Fernández y Vargas afirmaron que en estos momentos de crisis económica global y grandes desafíos, se hace imperativo anteponer los intereses del pueblo dominicano por encima de intereses personales y partidarios, mientras reconocen que la Constitución necesitaba una reforma para corregir contradicciones, errores y distorsiones del texto actual.

“De esta manera, en el centenario del nacimiento del profesor Juan Bosch y en el undécimo aniversario de la partida del doctor José Francisco Peña Gómez, estamos honrando su memoria y rescatando sus principios”, concluye el documento.

Reacciones
El ex presidente Hipólito Mejía apoyó el pacto aunque opinó que antes de ser firmado Vargas debió consultar la cúpula de la organización, sobre todo a Ramón Alburquerque, quien a la sazón era presidente del PRD. Mejía rechazó las críticas que lanzaron algunos dirigentes del partido blanco al acuerdo, a quienes llamó medio inorgánicos, con poca calidad para criticar el convenio, y enfatizó: “yo creo que debemos admitir que bien o mal ya se hizo, y mi evaluación es que es mejor que lo malo que pueda venir”, y que lo más importante ahora es lograr que sea cumplido. Mejía explicó que la firma del acuerdo no lo tomó desprevenido, ya que “en política y amor a mí no me sorprende nada”.

Mientras Alburquerque advirtió que Vargas no estaba autorizado para firmar ese acuerdo, y que ni la Comisión Política ni el Comité Ejecutivo Nacional del partido blanco le habían dado mandato para que involucrara a los perredeístas o el partido con un gobierno que lo viola todo, y que “está vinculado al narcotráfico y la corrupción”.

Recordó que los estatutos del PRD, con sus fallas y sus méritos, indican claramente de qué manera se puede negociar y llegar a acuerdos, pactos o alianzas con otras fuerzas políticas, y aseguró que Vargas los había violado de manera flagrante.

En respuesta a estas declaraciones Virgilio Bello Rosa, delegado del PRD ante la Junta Central Electoral, defendió el acuerdo, y aclaró que Vargas no firmó el pacto como partido, sino como candidato presidencial de esa organización en las pasadas elecciones. En tanto Peggy Cabral explicó que aunque desconocía los detalles del acuerdo, confiaba en que Vargas no hiciera nada que pudiera perjudicar al PRD o al pueblo dominicano.

El acuerdo fue saludado por el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado, por considerarlo un importante paso para fortalecer la democracia del país.

Núñez Collado, que además es Coordinador del Diálogo Nacional, clamó porque el acuerdo trascienda, “para pensar en los asuntos fundamentales que son de importancia para el fortalecimiento de la democracia y de la convivencia entre los dominicanos, orientados a la solución de los problemas que preocupan a la mayoría de la ciudadanía”.

Eduardo Estrella, presidente del Partido Dominicanos por el Cambio, restó importancia al acuerdo, tras afirmar que al presidente Fernández solo le interesaba la reforma constitucional si salía a su manera, pero si se le complicaban las cosas, el propio mandatario la boicotearía.

Estrella dijo que el principal objetivo del gobernante era el artículo 49 de la Constitución, y que todo lo demás era cosmético para el presidente Fernández.

También los presidentes del Senado, Reinaldo Pared Pérez, y de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín, coincidieron en que la firma del acuerdo constituye un paso de avance para la democracia dominicana.

Por: Manuel Figueroa

Fuente: Listín Diario Digital.