El Ing. Osiris de León dijo que hoy día las empresas mineras están conscientes de que su permanencia, su eficiencia, su rentabilidad y su convivencia con la comunidad deben estar cimentadas sobre la base de operaciones ambientalmente sostenibles, las cuales cumplan con todas las regulaciones ambientales vigentes, y donde el aspecto primario no sea el efecto coercitivo de la Ley, sino el alto grado de concienciación que debe hacernos ver que al contaminar el medio ambiente nos contaminamos a nosotros mismos y deterioramos nuestra calidad de vida y la de las futuras generaciones.

Al dictar una conferencia en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, de Santiago de Los Caballeros, el reconocido académico, y dirigente político, dijo que las áreas mineras no pueden ser restauradas porque es imposible reponer todo el material minado durante muchos años, pero sí pueden ser recuperadas mediante el retaludamiento de los frentes mineros, acorde con un criterio geotécnico de estabilidad, el cual considere el tipo de roca o suelo y sus propiedades físicas, el fracturamiento local, la sismicidad local, la altura de los bancos, la pluviometría, las presiones de poros y el drenaje interior del macizo; mediante la construcción de canaletas de drenaje para evitar la socavación en períodos de lluvias; mediante el control de los drenajes ácidos, como los que salen de las instalaciones mineras de Pueblo Viejo; y mediante la reposición de una cobertura de suelo orgánico apta para la re vegetación de los frentes minados, utilizando especies forestales nativas, árboles frutales locales y gramíneas para control de la erosión, lo que facilita la devolución del verdor ambiental original a fin de dejar la zona apta para el esparcimiento de la comunidad.

Dijo que los principales problemas ambientales generados por las operaciones mineras dominicanas son las aguas ácidas y cargadas de metales pesados que salen de la mina de oro y plata de la Rosario Dominicana, a través del arroyo Margajita, y entran al embalse de la presa de Hatillo, contaminando las aguas, la flora y la fauna; las negras emisiones carbonosas que salen de las chimeneas de la Falconbridge Dominicana y se depositan sobre la flora regional; el vertedero municipal de Bonao, emplazado al lado del escorial de la Falconbridge y al lado del río Yuna, donde los lixiviados contaminan las aguas superficiales y subterráneas; las lagunas freáticas artificiales dejadas por las irracionales extracciones de agregados en el río Nizao y las excavaciones irregulares dejadas por las explotaciones de bauxita, en Pedernales.

Sobre el problema de las extracciones de agregados de ríos expresó que es necesario considerar que hoy días las operaciones de las granceras deben ser llevadas a cabo bajo un esquema totalmente diferente al esquema puesto en práctica en el pasado, pues ninguna extracción de agregados debe ser desarrollada por debajo del nivel freático, ni en el cauce del río, salvo un estudio científico realizado por los organismos oficiales autorizados, ya que la imagen de la minería de agregados está muy deteriorada fruto de operaciones que desoyeron las recomendaciones técnicas calificadas que eran emitidas por los especialistas, puesto que siempre hemos dicho, y escrito, que las extracciones de agregados de ríos no son dañinas de por sí, sino que lo dañino ha sido la incorrecta metodología puesta en práctica por algunas de las empresas extractoras, aunque debemos reconocer que no todas las empresas han provocado daños en la misma magnitud, y que muchos errores en los procesos extractivos aplicados fueron autorizados por instituciones oficiales que requerían agregados para diferentes obras públicas, y por funcionarios que desconocían los daños ambientales resultantes de los malos procesos extractivos.

Osiris de León dijo que la cuenca baja del río Nizao ha sido muy deteriorada, pero puede y debe ser recuperada gradualmente, siempre y cuando exista una verdadera voluntad por parte de las empresas que han estado operando en las márgenes de este importante río, asumiendo las propias empresas el costo de la remediación ambiental, tal y como manda la Ley 64-00 en sus artículos 124 y 125, ya que el Estado no dispone de los recursos económicos requeridos para esos fines.